Desde Casa Rosada señalan que Manuel Adorni presentaría su declaración jurada 2025 ante la Oficina Anticorrupción «probablemente esta semana», en un intento por aliviar su situación judicial.
Más de un mes ha pasado desde que Javier Milei confirmó que el trámite de su jefe de Gabinete era «inminente». El mandatario, en una comunicación desde Estados Unidos, buscó así apaciguar la controversia generada por Patricia Bullrich, quien exigió públicamente que Adorni publique su declaración jurada. Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado ningún expediente relacionado con Adorni en el sistema del organismo.
Bullrich había solicitado en televisión que Adorni presentara su declaración de bienes de forma inmediata para despejar dudas sobre sus ingresos, en medio de varias denuncias en su contra. En respuesta, Milei minimizó la polémica en La Nación+, acusando a Bullrich de «spoilear» una acción que el jefe de Gabinete realizaría pronto. Días después, en una tensa reunión de Gabinete, el Presidente dejó en evidencia su desaprobación hacia la exministra, un episodio que fue comentado ampliamente entre los ministros y funcionarios presentes, según reconstruyó Clarín el 10 de mayo pasado.
Este lunes, fuentes cercanas al Presidente señalaron que la presentación de la declaración jurada podría concretarse «horas antes del inicio del Mundial». Se especula que el trámite se realizaría este miércoles, cuando se cumple un año de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, o bien el jueves, coincidiendo con el inicio del Mundial en el Estadio Azteca de México. El objetivo es que otros temas acaparen la atención mediática y que Adorni continúe alejado del foco público, como ha ocurrido en las últimas dos semanas.
No obstante, las frecuentes apariciones del jefe de Gabinete en su cuenta de X para dar a conocer acciones de gobierno no parecen favorecerlo, ya que recibe numerosas críticas de usuarios que cuestionan la justificación de sus ingresos y su estilo de vida desde que asumió hace dos años y medio.
Se prevé que en su declaración jurada Adorni incluya «préstamos documentados» que respalden el movimiento de dinero registrado desde el 10 de diciembre de 2023. En ese período, incorporó una camioneta Jeep 2021, según su última presentación ante la OA, además de dos propiedades aún no declaradas oficialmente como vinculadas a un sujeto políticamente expuesto: el departamento donde reside, en la calle Miro, y una casa de fin de semana en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
El jefe de Gabinete está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito debido a viviendas no declaradas y viajes al exterior. También es indagado por posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública, causas bajo la instrucción del juez federal Ariel Lijo. En particular, se busca determinar si Adorni se benefició de su vínculo con el periodista Marcelo Grandio, quien tuvo varios programas en la TV Pública y afirmó haber pagado un viaje a Punta del Este en un vuelo privado compartido con la familia Adorni en febrero pasado.
Según informó La Nación, el fiscal federal Gerardo Pollicita podría solicitar a Adorni que justifique los bienes cuya adquisición no estaría cubierta por sus ingresos, en un documento previo a una eventual citación para prestar declaración indagatoria. Este trámite, sin embargo, no se concretaría antes de finalizado el Mundial.
El juez Lijo también podría convocar a Adorni a declarar en la causa que investiga presuntas dádivas. Esta semana, el magistrado, quien fue candidato frustrado del Ejecutivo para integrar la Corte Suprema, coincidirá en París con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, durante una cumbre del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La convocatoria resulta relevante, ya que también acompañará la comitiva argentina Juan Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario de Lijo y actual titular de la Dajudeco —el organismo de la Corte Suprema encargado de la seguridad de las escuchas judiciales— y candidato para ocupar el juzgado federal de Lomas de Zamora, en el marco de los pliegos pendientes con los que el Ejecutivo busca cubrir numerosas vacantes en tribunales federales.