En una nueva audiencia del juicio por el caso Cuadernos, que investiga la red de sobornos entre exfuncionarios del gobierno kirchnerista (2003-2015) y empresarios contratistas del Estado, declararon esta semana exintegrantes y actuales funcionarios del ARCA. La fiscalización de un conjunto de empresas y el flujo de fondos son el foco principal de la investigación. Este jueves se retomó el análisis de una obra considerada un “emblema de la corrupción” en Santa Cruz: a 18 años de su licitación, nunca fue finalizada.
Los hechos investigados, que derivaron en el juicio a 60 empresarios, la expresidenta Cristina Kirchner y exmiembros de su gabinete, incluyen cohecho pasivo y activo, es decir, tanto la recepción como el pago de sobornos. En la audiencia se destacó la participación de dos empresas con proyectos licitados en Santa Cruz.
Una de ellas es Isolux Corsán, firma con sede en España, adjudicataria en 2008 de la construcción de la Usina Térmica de Río Turbio, localidad minera al noroeste de Río Gallegos. La obra nunca se concluyó y estuvo marcada por múltiples denuncias de corrupción. Por el desvío de 256 millones de pesos destinados a la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) —entidad responsable de abastecer de carbón a la usina para generar 240 MW que se inyectarían al Sistema Interconectado Nacional— Julio De Vido fue detenido en 2017.
Verónica Iglesias, contadora de ARCA, explicó ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) y la fiscal Fabiana León que en 2016 trabajaba como supervisora en fiscalización y fue ascendida en 2017. Durante su labor, recibió el CUIT de la UTE integrada por Isolux Corsán y otras compañías. Al ser consultada sobre el motivo de la fiscalización, relató: “Cuando fui nombrada jefa de división, había sospechas de facturas apócrifas”.
Iglesias detalló que existía una base de proveedores con facturas consideradas falsas, lo que activaba alertas en el sistema y desencadenaba inspecciones. En el caso de Isolux Corsán, se analizaron facturas que la fiscalización consideró carentes de veracidad, pues algunas facturaban conceptos como horas hombre o maquinaria sin sustento comprobable. La revisión se centró en proveedores ya catalogados como apócrifos, no en el concepto de compra en sí.
La licitación de la obra se realizó durante el primer mandato de Cristina Kirchner, con el objetivo de corregir los déficits de YCRT y darle un nuevo rumbo a largo plazo al yacimiento. Fue adjudicada a una UTE liderada por Isolux Corsán por 857.341.128 dólares. Sin embargo, debido a variaciones y contrataciones posteriores en el mismo proceso licitatorio, el contrato se elevó a 1.726.251.982 dólares, según una pericia oficial incorporada al expediente que investigó a De Vido, al ex titular de YCRT y a otros involucrados.
En conclusión, la usina costó entre dos y tres veces más de lo presupuestado inicialmente. Esta obra, tildada por la justicia federal como un “emblema de la corrupción”, fue uno de los proyectos sobre los cuales se cobraron coimas atribuidas en última instancia a Cristina Kirchner.
Respecto a esta obra, la contadora Iglesias recordó que se le imputaron montos relacionados con facturación apócrifa. Fuentes judiciales indicaron a Clarín que casos como este —y otros correspondientes a firmas fiscalizadas dentro de la causa Cuadernos— evidencian “salidas no documentadas de dinero provenientes de anticipos financieros de las obras”, es decir, retiros en efectivo.
La confesión de De Goycochea
Juan Carlos De Goycochea, una de las máximas autoridades de Isolux Corsán y empresario que declaró ante el TOF 7 como imputado colaborador, relató detalles del pago de sobornos. Contó que en 2008, luego de que la empresa ganara la licitación y se firmara el contrato en un acto público, fue convocado a principios de 2009 a una reunión en el despacho de Roberto Baratta, entonces en el Ministerio de Planificación Federal. Allí, Baratta le manifestó la necesidad de aportar dinero para la campaña electoral.
Según De Goycochea, desde ese momento recibió instrucciones telefónicas para retirar dólares en casas de cambio del microcentro porteño y entregarlos a Baratta. El empresario explicaba que al presentarse como representante de Isolux lo hacían pasar a un cuarto donde recibía los dólares en bolsas de tela opacas. Las entregas, aproximadamente tres por año, se hacían en Maipú 741, piso 1º B. Baratta recibía la bolsa sin contar el dinero y la guardaba en un portafolios rígido.
El empresario aclaró que, si bien Baratta pidió dinero para la “campaña electoral”, él lo interpretó como un eufemismo para referirse a coimas o sobornos, aclarando que la empresa nunca tuvo intención de aportar fondos a campañas políticas. Los pagos se realizaban para evitar represalias de funcionarios, ya que existía gran temor a enemistarse con el gobierno y que se suspendieran pagos o se rescindieran contratos. Baratta, según De Goycochea, daba a entender que el no pago implicaría el bloqueo de los certificados de obra, afectando gravemente la empresa, que tenía gastos mensuales de